Tribunal EEUU vuelve a amarrarle las manos a los sindicatos

En el sonado caso de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50 (2010), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que la primera enmienda de la constitución estadounidense le impide al gobierno restringir o limitar el que las corporaciones, con o sin fin de lucro, o los sindicatos realicen ciertos gastos políticos. Aunque la opinión judicial no invalidó las prohibiciones existentes en cuanto a las donaciones directas a candidatos o partidos políticos por parte de corporaciones o sindicatos, Citizens United avaló el derecho de dichas entidades a utilizar sus arcas para realizar campañas políticas independientes a favor o en contra de algún candidato político, pieza de legislación o proposición a ser refrendada.

El raciocinio de la mayoría de los jueces en la mencionada opinión fue que la primera enmienda protege tanto las expresiones de personas individuales como las expresiones de asociaciones formadas por individuos. Por cuanto y en tanto las corporaciones y los sindicatos se conforman como asociaciones de individuos y el gasto de dinero es esencial para la diseminación de ideas, según lo establecido en Buckley v. Valeo, cualquier limitación a la capacidad de una corporación o sindicato de gastar su dinero en asuntos políticos es una limitación inconstitucional a la libertad de sus miembros a asociarse efectivamente y expresarse sobre asuntos políticos.

Como ya otras y otros han notado, Citizens United equiparó el derecho a la expresión de las corporaciones al de los individuos y, en su consecuencia, convirtió a las sociedades corporativas en ciudadanos y miembros de la comunidad política para efectos de la primera enmienda. Tratándose de un caso relacionado a una corporación, sin fin de lucro debo aclarar, restaba por verse si el alto foro federal avalaría su posición en cuanto a los sindicatos al enfrentar un caso sobre gastos políticos por parte de un gremio.

Doble vara

Recordemos que los sindicatos no pueden usar sus fondos para fines políticos inrestrictamente. Ciertamente, al igual que las corporaciones, los sindicatos generalmente no pueden hacer donaciones directas o prestar «apoyo material» a un partido o candidato. Ahora bien, en cuanto al asunto atendido en Citizens United–los gastos dirigidos a una campaña independiente para favorecer o criticar algún candidato político, pieza de legislación o proposición a ser refrendada–el derecho vigente trata a los sindicatos y las corporaciones de manera distinta. Como bien apunta Benjamin Sachs en su artículo “Unions, Corporations, and Political Opt-Out Rights After Citizens United,” mientras los accionistas que invierten su dinero en una corporación no tienen «derecho» a negarse a que su inversión sea utilizada para fines políticos con los que difieran, la legislación laboral le permite a los miembros de un sindicato oponerse de manera individual a que su cuota sea usada para financiar actividades políticas mediante el opt out, mecanismo por el cual el miembro de una unidad apropiada representada por un sindicato solicita que sólo se le retire de su cheque aquella porción de la cuota sindical que esté vinculada a «los servicios esenciales» de la unión. Las leyes que permiten el opt out han sido avaladas por la vía judicial. Al amparo de Abood v. Detroit Bd. of Ed., 431 U. S. 209, por ejemplo, un sindicato en el sector público sólo tiene derecho a que sus miembros paguen por los gastos «directamente relacionados a la gestión sindical,» por lo que el sindicato no puede requerirles que financien proyectos políticos o ideológicos. Por otro lado, Teachers v. Hudson, 475 U. S. 292, 302–311, enumera los requisitos que un sindicato debe cumplir para colectar la cuota de sus miembros sin violentar sus derechos al amparo de la primera enmienda.

¿Avalaría el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la potestad de un sindicato de usar las cuotas de sus miembros para fines políticos sin restricción alguna al igual que una corporación puede usar el capital invertido por sus accionistas para los mismos fines o, en cambio, las declararía constitucionales en contravención de lo establecido en Citizens United ?

La respuesta a esta interrogante no se hizo esperar mucho. En su más reciente opinión en cuanto al derecho a la expresión de los sindicatos, Knox v. SEIU, el Tribunal nuevamente favoreció el «derecho» de los empleados representados por una unión a abstenerse de sufragar los gastos políticos de su organización.  El alto foro se aferró a la visión de que los gastos políticos de un sindicato son de alguna manera ajenos a su gestión sindical y los servicios esenciales que éstos proveen a sus miembros. Esta norma se aparta de la predicada en Citizens United, donde el Tribunal entendió que los gastos políticos de las corporaciones y sindicatos son esenciales para que los miembros de dichas asociaciones puedan ejercer efectivamente sus derechos de expresión y asociación. Ahora, las corporaciones pueden movilizar inrestrictamente sus, a veces, vastos recursos financieros para favorecer o desfavorecer a cualquier candidato, partido o pieza de legislación, pero los sindicatos se verán forzados a evitar apoyar o repudiar cualquier candidato, partido o asunto ante consideración legislativa que produzca una división significante entre sus militantes y propicie que sus miembros opten por no pagar su cuota sindical completa, opten por el opt out.

El gasto político como gestión organizativa

Para explicar la doble vara creada por el binomio de Citizens United y Knox, tal vez uno podría argumentar que, contrario a los sindicatos, los gastos políticos de una corporación están directamente relacionados a su gestión empresarial ya que éstos, presumimos, están dirigidos a promover legislación favorable y, por ende, mayores ganancias para éstas. De hecho, en una entrada del blog Workplace Prof, Matt Bodie comenta que un reciente estudio del Manhattan Institute halló que las contribuciones políticas de las corporaciones son beneficiosas para éstas en tanto y en cuanto las donaciones generalmente resultan en la reducción de impuestos, regulación favorable e inversiones públicas que ayudan a los negocios. Los autores del estudio, nos informa Bodie, calcularon que estos beneficios políticos aumentan las ganancias de los accionistas de un dos a un cinco por ciento anualmente.

No obstante, Bodie argumenta que si bien las inversiones políticas de las corporaciones son importantes para éstas y sus accionistas, las de los sindicatos son aún más importantes para los gremios y sus miembros. Bodie ofrece como ejemplo, los gastos incurridos por la SEIU durante las últimas elecciones presidenciales. Se estima que la SEIU invirtió $85 millones para ayudar a elegir a Barack Obama en el 2008. Obama eventualmente impulsó la reforma de salud, una de las prioridades programáticas de la SEIU. Gran parte de los miembros de SEIU trabajan en el campo de la salud y éstos se beneficiarían de una expansión en la cubierta de salud de millones de norteamericanos, por lo que se desprende que la inversión millonaria de la SEIU benefició directamente tanto a los miembros bona fide de la SEIU como a aquellos trabajadores que utilizaron el mecanismo del opt out para no pagar el 100% de la cuota sindical; igualmente, benefició a aquellos trabajadores que apoyaron la candidatura de Obama como a sus detractores.

Bodie concluye que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha cegado ante una ineludible realidad: que los gastos políticos de los sindicatos van generalmente dirigidos a beneficiar a sus miembros, por lo que están íntimamente ligados a su gestión organizativa. Si algo positivo tiene la opinión de Knox es que el Tribunal continúa reconociendo el derecho de los sindicatos a expresarse políticamente sin restricción por parte del gobierno. Pero vale preguntar, ¿de qué vale ese derecho si los sindicatos están impedidos de movilizar sus recursos para expresarse efectivamente cuando parte de los mismo empleados que se benefician de la gestión sindical puede rehusarse y, en efecto, se rehúsa a pagar su parte?

PPT presenta a sus candidatos

Una maestra, una actriz y dos profesores universitarios integran papeleta para posiciones nacionales del Partido del Pueblo Trabajador. El PPT anunció que su candidato a la gobernación será el profesor Rafael Bernabe y al cargo de Comisionado Residente en Washington, el escritor y profesor, Félix Córdoba. Eva Ayala, maestra de escuela pública con 29 años de experiencia y dirigente magisterial, será la candidata a representante por acumulación e Ineabelle Colón, actriz, animadora y libretista en programas de radio, televisión y cine, será la candidata a senadora por acumulación.