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Tribunal EEUU vuelve a amarrarle las manos a los sindicatos

25 de junio de 2012 Los comentarios están cerrados

En el sonado caso de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50 (2010), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que la primera enmienda de la constitución estadounidense le impide al gobierno restringir o limitar el que las corporaciones, con o sin fin de lucro, o los sindicatos realicen ciertos gastos políticos. Aunque la opinión judicial no invalidó las prohibiciones existentes en cuanto a las donaciones directas a candidatos o partidos políticos por parte de corporaciones o sindicatos, Citizens United avaló el derecho de dichas entidades a utilizar sus arcas para realizar campañas políticas independientes a favor o en contra de algún candidato político, pieza de legislación o proposición a ser refrendada.

El raciocinio de la mayoría de los jueces en la mencionada opinión fue que la primera enmienda protege tanto las expresiones de personas individuales como las expresiones de asociaciones formadas por individuos. Por cuanto y en tanto las corporaciones y los sindicatos se conforman como asociaciones de individuos y el gasto de dinero es esencial para la diseminación de ideas, según lo establecido en Buckley v. Valeo, cualquier limitación a la capacidad de una corporación o sindicato de gastar su dinero en asuntos políticos es una limitación inconstitucional a la libertad de sus miembros a asociarse efectivamente y expresarse sobre asuntos políticos.

Como ya otras y otros han notado, Citizens United equiparó el derecho a la expresión de las corporaciones al de los individuos y, en su consecuencia, convirtió a las sociedades corporativas en ciudadanos y miembros de la comunidad política para efectos de la primera enmienda. Tratándose de un caso relacionado a una corporación, sin fin de lucro debo aclarar, restaba por verse si el alto foro federal avalaría su posición en cuanto a los sindicatos al enfrentar un caso sobre gastos políticos por parte de un gremio.

Doble vara

Recordemos que los sindicatos no pueden usar sus fondos para fines políticos inrestrictamente. Ciertamente, al igual que las corporaciones, los sindicatos generalmente no pueden hacer donaciones directas o prestar “apoyo material” a un partido o candidato. Ahora bien, en cuanto al asunto atendido en Citizens United–los gastos dirigidos a una campaña independiente para favorecer o criticar algún candidato político, pieza de legislación o proposición a ser refrendada–el derecho vigente trata a los sindicatos y las corporaciones de manera distinta. Como bien apunta Benjamin Sachs en su artículo “Unions, Corporations, and Political Opt-Out Rights After Citizens United,” mientras los accionistas que invierten su dinero en una corporación no tienen “derecho” a negarse a que su inversión sea utilizada para fines políticos con los que difieran, la legislación laboral le permite a los miembros de un sindicato oponerse de manera individual a que su cuota sea usada para financiar actividades políticas mediante el opt out, mecanismo por el cual el miembro de una unidad apropiada representada por un sindicato solicita que sólo se le retire de su cheque aquella porción de la cuota sindical que esté vinculada a “los servicios esenciales” de la unión. Las leyes que permiten el opt out han sido avaladas por la vía judicial. Al amparo de Abood v. Detroit Bd. of Ed., 431 U. S. 209, por ejemplo, un sindicato en el sector público sólo tiene derecho a que sus miembros paguen por los gastos “directamente relacionados a la gestión sindical,” por lo que el sindicato no puede requerirles que financien proyectos políticos o ideológicos. Por otro lado, Teachers v. Hudson, 475 U. S. 292, 302–311, enumera los requisitos que un sindicato debe cumplir para colectar la cuota de sus miembros sin violentar sus derechos al amparo de la primera enmienda.

¿Avalaría el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la potestad de un sindicato de usar las cuotas de sus miembros para fines políticos sin restricción alguna al igual que una corporación puede usar el capital invertido por sus accionistas para los mismos fines o, en cambio, las declararía constitucionales en contravención de lo establecido en Citizens United ?

La respuesta a esta interrogante no se hizo esperar mucho. En su más reciente opinión en cuanto al derecho a la expresión de los sindicatos, Knox v. SEIU, el Tribunal nuevamente favoreció el “derecho” de los empleados representados por una unión a abstenerse de sufragar los gastos políticos de su organización.  El alto foro se aferró a la visión de que los gastos políticos de un sindicato son de alguna manera ajenos a su gestión sindical y los servicios esenciales que éstos proveen a sus miembros. Esta norma se aparta de la predicada en Citizens United, donde el Tribunal entendió que los gastos políticos de las corporaciones y sindicatos son esenciales para que los miembros de dichas asociaciones puedan ejercer efectivamente sus derechos de expresión y asociación. Ahora, las corporaciones pueden movilizar inrestrictamente sus, a veces, vastos recursos financieros para favorecer o desfavorecer a cualquier candidato, partido o pieza de legislación, pero los sindicatos se verán forzados a evitar apoyar o repudiar cualquier candidato, partido o asunto ante consideración legislativa que produzca una división significante entre sus militantes y propicie que sus miembros opten por no pagar su cuota sindical completa, opten por el opt out.

El gasto político como gestión organizativa

Para explicar la doble vara creada por el binomio de Citizens United y Knox, tal vez uno podría argumentar que, contrario a los sindicatos, los gastos políticos de una corporación están directamente relacionados a su gestión empresarial ya que éstos, presumimos, están dirigidos a promover legislación favorable y, por ende, mayores ganancias para éstas. De hecho, en una entrada del blog Workplace Prof, Matt Bodie comenta que un reciente estudio del Manhattan Institute halló que las contribuciones políticas de las corporaciones son beneficiosas para éstas en tanto y en cuanto las donaciones generalmente resultan en la reducción de impuestos, regulación favorable e inversiones públicas que ayudan a los negocios. Los autores del estudio, nos informa Bodie, calcularon que estos beneficios políticos aumentan las ganancias de los accionistas de un dos a un cinco por ciento anualmente.

No obstante, Bodie argumenta que si bien las inversiones políticas de las corporaciones son importantes para éstas y sus accionistas, las de los sindicatos son aún más importantes para los gremios y sus miembros. Bodie ofrece como ejemplo, los gastos incurridos por la SEIU durante las últimas elecciones presidenciales. Se estima que la SEIU invirtió $85 millones para ayudar a elegir a Barack Obama en el 2008. Obama eventualmente impulsó la reforma de salud, una de las prioridades programáticas de la SEIU. Gran parte de los miembros de SEIU trabajan en el campo de la salud y éstos se beneficiarían de una expansión en la cubierta de salud de millones de norteamericanos, por lo que se desprende que la inversión millonaria de la SEIU benefició directamente tanto a los miembros bona fide de la SEIU como a aquellos trabajadores que utilizaron el mecanismo del opt out para no pagar el 100% de la cuota sindical; igualmente, benefició a aquellos trabajadores que apoyaron la candidatura de Obama como a sus detractores.

Bodie concluye que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha cegado ante una ineludible realidad: que los gastos políticos de los sindicatos van generalmente dirigidos a beneficiar a sus miembros, por lo que están íntimamente ligados a su gestión organizativa. Si algo positivo tiene la opinión de Knox es que el Tribunal continúa reconociendo el derecho de los sindicatos a expresarse políticamente sin restricción por parte del gobierno. Pero vale preguntar, ¿de qué vale ese derecho si los sindicatos están impedidos de movilizar sus recursos para expresarse efectivamente cuando parte de los mismo empleados que se benefician de la gestión sindical puede rehusarse y, en efecto, se rehúsa a pagar su parte?

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Trabajadores de Crown Cork ratifican importante Convenio Colectivo

25 de enero de 2012 Los comentarios están cerrados

Comunicado de prensa:

San Juan, PR-  El pasado sábado 14 de enero, el Movimiento Solidario Sindical (MSS) celebró la Asamblea de ratificación del convenio colectivo con los empleados de Crown Cork, compañía con sede en Carolina que fabrica latas de Medalla, Pepsi y Malta India, entre otros productos.

Con una participación amplia donde participaron trabajadores y trabajadoras de Crown Cork se ratificó el nuevo convenio colectivo para los próximos tres años.

“Fue un logro de todos. La militancia, participación y unidad de la matrícula envió un mensaje claro al patrono donde no estábamos dispuestos a retroceder en ningún derecho adquirido. Entre los logros, se destacó que se mejoró el lenguaje pero lo más importante fueron los avances económicos en este tiempo de crisis”, expresó José Rodríguez Vélez, Presidente del MSS.

En todas las Asambleas previas que realizó el sindicato el mensaje fue unísono en subir la aportación en la cubierta del Plan Médico.  “En la actualidad la compañía aporta $670.00 dólares a la cubierta familiar y logramos que al finalizar el convenio, la aportación llegue a $797.98”, indicó Domingo Hernández, vice-presidente del MSS y electricista en Crown Cork.

El alza sustancial al Plan Médico mantiene a la matrícula con un Plan Médico de calidad con muy poca o ninguna aportación de cada empleado. “Este nuevo convenio representa economía para la matrícula organizada, dinero que va directo al bolsillo y por ende asegura mejor calidad de vida para sus familias”, enfatizó Hernández.

Igualmente se logró un bono de productividad del 10% del salario de cada empleado que recibirán cada tres meses. “Es significante que cada tres meses seremos parte de las ganancias de la compañía, el 10% del salario de cada empleado es un suma importante que vamos a recibir. Antes era un 5% anual”, continuó Hernández. “Fueron muchos los logros alcanzados gracias a la militancia y lucha de nuestro sindicato”, finalizó diciendo Domingo Hernández.

El Movimiento Solidario Sindical continúa en la defensa de la clase trabajadora y sigue logrando avances tanto a nivel de convenios colectivos como en educación continua para toda su matrícula. Mantener informada a la matrícula, visitas semanales a los talleres de trabajo, boletines continuos, seminarios y aumentar conciencia de clase es la combinación para lograr nuestras metas.

El Duende Boricua: ¿sátira merecida o propaganda anti-obrera?

17 de diciembre de 2011 Los comentarios están cerrados

Este vídeo está haciendo sus rondas por facebook y otros portales de internet. Ha sido visto sobre 80,000 100,000 veces en youtube. El dibujo animado nos relata la historia de un duende boricua cesanteado por Fortuño que se va a trabajar a la fábrica de juguetes de Santa Claus en el polo norte. Como todos los boricuas, nos cuenta el vídeo, el duende es vago y vividor. Éste influencia a los demás duendes, quienes eventualmente amenazan irse en huelga por las condiciones de trabajo. Santa Claus resuelve el conflicto laboral cerrando la fábrica, despidiendo a los duendes (al amparo de la Ley 7) y privatizando la producción de juguetes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sátira merecida o propaganda anti-obrera? Deja un comentario.

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Actualización:

El creador de “El Duende Boricua” explicó la intención detrás del dibujo animado. Reynaldo León de León Animation Studio, nos dice en la página del vídeo en youtube:

Ok gente, quiero aclarar algo porque ya se están cogiendo las cosas a pecho.

Primero: Este video NO FUE auspiciado por el PNP ni por el gobierno actual.

Segundo: NO JUSTIFICO los despidos de la ley 7. Si leen bien la ley 7 lo que plantea es una solución facil para el patrono hacer despidos inmediatos sin tener obligación alguna con los despedidos. La forma en que hicieron los despidos del gobierno fue torpe y atropellada. Eso lo reconozco.

Mi video es una critica al buscón y al dejáo.

Creo en la explicación del animador. No tengo razón para no creerle. De hecho, recomiendo que visiten la página de León Animation Studio y vean el resto de su trabajo. Pero, intenciones a un lado, el vídeo presenta una imagen estereotipada y negativa del trabajador puertorriqueño, especialmente aquel empleado en el sector público. Presenta a los empleados puertorriqueños como vagos, buscones y vividores que utilizan toda clase de ardid para evitar trabajar y cogerlo suave. Recuerden, el vídeo no presenta la historia de un duende boricua vago y buscón entre muchos otros duendes boricuas trabajadores. Es la historia de el duende boricua, mañoso y malicioso, entre otros duendes rubios y, presumimos, de países nórdicos que trabajaban sin cesar en la producción de juguetes para navidad. Los duende rubios son muy trabajadores; el duende boricua, en cambio, “como todo boricua” es vago y buscón.

Igualmente, el vídeo trivializa los reclamos obreros de los empleados públicos con un mensaje claramente anti-obrero y anti-sindical que sirve de apología a la Ley 7 y la privatización de servicios públicos. Una vez se le pegan las mañas del duende boricua a los otros duendes, éstos organizan una unión para reclamar mejores salarios y días de vacaciones. Ello es inaceptable hasta para el dadivoso Santa Claus, quien decide cesantear a todos lo duendes (nada más, ni nada menos, que al amparo de la Ley 7) y privatizar la producción de juguetes. Santa Claus eventualmente vuelve a contratar a todos los duendes, excepto a uno, el que influenció con sus mañas al resto de sus compañeros y los llevó a reclamarle al patrono mejores salarios y beneficios, el “buscón” y “dejao” duende boricua. Éste, contrario a los demás duendes, se rehusó a trabajar por la mitad del salario que antes percibía.

Revés a despidos en Educación, Justicia y Ciencias Forenses

30 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Tribunal Superior de San Juan revocó el despido de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación, seis empleados de Ciencias Forenses y una empleada de Justicia.  Ver la noticia aquí.

Dos nuevas demandas contra despidos Ley 7

23 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Nuevo Día reportó hoy que dos recursos de interdicto fueron presentados ante el Tribunal Superior de San Juan en representación de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación.    Los recursos fueron radicados a nombre de 4,000 empleados de vigilancia y conservación y mantenimiento del sistema público de enseñanza y 1,800 empleados de la unidad apropiada del personal profesional, administrativo, secretarial y de oficina (PASO) de Educación.

Esta semana,  el Tribunal Superior dejó sin efecto las cartas de cesantía de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU) porque el Cuerpo de Bomberos no cumplió con los requisitos de notificación exigidos en la Ley 7 (PDF).  Las reclamaciones de los empleados de Educación, explicó Wendell Bonilla Valdés, abogado del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.  “Son reclamaciones similares por un incumplimiento de parte de la agencia de notificarle a la unión tanto la certificación de antiguedad como la carta de cesantía”, dijo Bonilla Valdés.

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Tribunal deja sin efecto cesantía de bomberos

20 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Tribunal Superior de San Juan expidió un interdicto o injunction permanente a favor de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU), quienes habían recibido cartas de despido al amparo de la Ley 7.  El Nuevo Día reportó que el juez Carlos Dávila Vélez dejó sin efecto las cartas de cesantía porque éstas no cumplieron con el debido proceso de ley.

La sentencia del tribunal dictaminó que:

La petición del Sindicato de Bomberos Unidos cumple con los criterios del ’injunction’ permanente. La parte demandante prevaleció en los méritos con su planteamiento consistente en que se violó el debido proceso de ley de los trabajadores al no notificarse las certificaciones y la decisión final al sindicato.

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El artículo 37.04 de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) establece que las cesantías de empleados permanentes o de carrera se han de efectuar observando únicamente el criterio de antigüedad, de modo que los empleados de menor antigüedad sean cesanteados primero, y dispone el procedimiento a seguir para ejecutar los despidos.  La notificación de despido debe hacerse por escrito y entregada al empleado a la mano o por correo.  Ésta ha de apercibirlo de su derecho a impugnar el despido.  La agencia, además, está obligada a certificar la determinación de antigüedad a los empleados afectados y, de ellos tener representación sindical, al gremio que los representa.

El Tribunal halló que el Cuerpo de Bomberos no notificó al SBU las certificaciones de antigüedad de los miembros de la unidad apropiada y que la lista que se entregó al sindicato sobre los trabajadores que serían despedidos no indicaba la fecha de efectividad ni se le apercibía al gremio que los empleados afectados podían solicitar una revisión.

El liderato del SBU considera un triunfo la decisión del Tribunal.  Su Presidente, José Tirado, indicó:

Estamos de fiesta porque yo creo que es el primer caso que se ven (sic) en uno de los tribunales de Puerto Rico, y el juez emitió una orden dejando sin efecto las cesantías. Por tal motivo, creemos que Fortuño, en esta ocasión, tiene una oportunidad más para dejar sin efecto estas cesantías de estos compañeros que fueron cesanteados ilegalmente.

La celebración pudo ser prematura.  Según reportó El Nuevo Día en un segundo artículo publicado ayer, el Cuerpo de Bomberos ya reinició el proceso de cesantías en esa dependencia con el fin de cumplir con los requisitos en la Ley.

Queda por ver si los empleados afectados del Cuerpo de Bomberos o alguna otra agencia han de presentar un caso que impugne, en parte o en su totalidad, la constitucionalidad de la Ley 7.  En mi opinión, la suspensión unilateral de aumentos de salarios y beneficios acordados por convenio colectivo (Art. 38.02) no cumple con la garantía constitucional del debido proceso de ley porque el estatuto no provee a los empleados afectados la oportunidad de impugnar la suspensión vía vista administrativa. Ver Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 601 (1972) (estableciendo que el interés de una persona en un beneficio laboral es un interés propietario para efectos del debido proceso de ley si existen normas o acuerdos explícitos que sostengan el reclamo de tener un derecho al beneficio y éstos puedan ser invocados durante una vista.)

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Paro Nacional

18 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados
Manifestantes durante el Paro Nacional (foto cortesía de Alvin Couto)

Manifestantes durante el Paro Nacional del 15 de octubre (foto cortesía de Alvin Couto)

San Juan, Puerto Rico – El 15 de octubre de 2009, millares de trabajadores y estudiantes hicieron sentir su malestar ante el despido de 16,790 empleados públicos en Puerto Rico.  Los manifestantes marcharon desde la zona bancaria conocida como “la milla de oro” hasta Plaza Las Américas, el centro comercial más importante del país.  La manifestación forzó la clausura del centro comercial durante la  jornada de protestas.

El Paro Nacional — convocado conjuntamente por la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, la Coordinadora Sindical y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha — fue organizado para enviar un mensaje de repudio a la políticas neoliberales del gobierno y la Ley de Emergencia Fiscal impulsada por el Gobernador Luis Fortuño.

La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) busca subsanar un déficit estructural de $3,200 millones por medio de alzas contributivas y un corte de no menos de $2,000 millones en la nómina gubernamental.  Entre las medidas para reducir los costos de nómina figuran el despido de miles de empleados públicos, la congelación de sueldos y la suspensión de beneficios.

La Asociación de Económistas de Puerto Rico ha pedido que se detengan los despidos porque considera que “la política de despidos en masa es errónea” y sin fundamento.  Según estos expertos,

[L]a cesantía de cerca de 17,000 empleados públicos se traducirá en la pérdida de 17,800 empleos adicionales del sector privado, agravará la recesión, tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero y empeorará la desigualdad económica y social de los puertorriqueños.

A este cuadro se le une el hecho que miles de trabajadores públicos que no perdieron su empleo se verán desprovistos de aumentos de sueldo y bonos de navidad y verano, así como de beneficios previamente garantizados, por un periodo de hasta dos años.

La Ley 7, además, le permite al gobierno suspender convenios colectivos vigentes, reasignar o subcontratar tareas y redifinir los términos de antigüedad.

Así las cosas, no es difícil ver el por qué del malestar colectivo.

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