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Archive for 30 octubre 2009

Revés a despidos en Educación, Justicia y Ciencias Forenses

30 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Tribunal Superior de San Juan revocó el despido de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación, seis empleados de Ciencias Forenses y una empleada de Justicia.  Ver la noticia aquí.

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Dos nuevas demandas contra despidos Ley 7

23 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Nuevo Día reportó hoy que dos recursos de interdicto fueron presentados ante el Tribunal Superior de San Juan en representación de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación.    Los recursos fueron radicados a nombre de 4,000 empleados de vigilancia y conservación y mantenimiento del sistema público de enseñanza y 1,800 empleados de la unidad apropiada del personal profesional, administrativo, secretarial y de oficina (PASO) de Educación.

Esta semana,  el Tribunal Superior dejó sin efecto las cartas de cesantía de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU) porque el Cuerpo de Bomberos no cumplió con los requisitos de notificación exigidos en la Ley 7 (PDF).  Las reclamaciones de los empleados de Educación, explicó Wendell Bonilla Valdés, abogado del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.  “Son reclamaciones similares por un incumplimiento de parte de la agencia de notificarle a la unión tanto la certificación de antiguedad como la carta de cesantía”, dijo Bonilla Valdés.

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MAS denuncia cacería de brujas

23 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

(San Juan – Puerto Rico, 23 de octubre de 2009) El Movimiento al Socialismo exigió en la tarde de hoy a los propietarios de la Caribbean Petroleum que expliquen por qué permitieron que la falta de mantenimiento a los tanques expusiera a nuestra isla a uno de los mayores desastres ambientales acaecidos en mucho tiempo. Situación que se ha convertido en una pesadilla para los trabajadores y residentes de comunidades aledañas.

“Según unas declaraciones de la UTIER, la conservación de las facilidades estaba abandonada. Ayer se hacía una reparación para corregir una filtración de combustible y cuando la situación se hizo crítica se desalojó a todo el personal. Esto explica por qué afortunadamente no hubo víctimas fatales”, explicó el Lcdo. Alvin R. Couto de Jesús. “Sin embargo, nos preocupa que a estas horas no se haya pronunciado la administración del complejo industrial para aclarar la situación. Esto da espacio a que la desinformación y especulación promuevan discusiones estériles sobre el origen y causa del incendio”.

El MAS coincide en que las responsabilidades de la Gulf [nombre de marca de Caribbean Petroleum] son de esa compañía. “No es momento de andar anunciando cacerías de brujas ni investigaciones criminales. Es a la Gulf a quien le corresponde asumir su responsabilidad y reparar los daños que haya ocasionado al país. Esta compañía se lucra del bolsillo de todos los consumidores de energía y ahora hace silencio para que sea el estado quien responda por su falta de diligencia en el mantenimiento y reparación de sus facilidades. Esperamos que el gobierno le pase la factura de los daños creados innecesariamente al país”, manifestó Couto.

Esta situación sólo se explica cuando los empresarios ponen sus ganancias por encima de nuestras vidas. “Estos desastres industriales ponen en peligro la vida de los trabajadores y comunidades. Están causados por el intento  de los patronos de aumentar sus ganancias reduciendo sus medidas de mantenimiento y limpieza. El problema se agrava cuando se mantiene en secreto situaciones de peligro, accidentes y amenazas. Debemos exigir que cualquier negligencia no quede impune y la empresa pague por los daños”, manifestó Rafael Bernabe, portavoz de la organización. “Denunciamos al gobernador Luis Fortuño porque no está pidiendo debidas cuentas a la empresa por este desastre. Este tipo de desastre no es más que una manifestación extrema de como el capital pone sus ganancias por encima de nuestras vidas”.

El Movimiento al Socialismo denunció además que Figueroa Sancha y sus lugartenientes estén tejiendo teorías terroristas o criminales para ensombrecer la vigorosa oposición sindical, comunitaria y política que se ha reunido contra la actual administración.  Según la organización, el gobierno está tapando la irresponsabilidad de Caribbean Petroleum con una bola de humo mediático cuyo fin es causar desasosiego y confusión. “Si es verdad que la policía, según Rosa Carrasquillo tenía confidencias sobre este evento, entonces el superintendente es un incompetente y debe renunciar. No descartamos que la estrategia sea fabricar casos contra sectores en lucha para desviar la atención de todas las consecuencias generadas por la explosión”, dijeron los portavoces.

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Más información sobre el incendio aquí, aquí y aquí.

Otro fallo contra despidos bajo Ley 7

20 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

Rebecca de León, jueza superior de San Juan, revocó el despido de 22 empleados de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y ordenó a la Junta de Reestructuración Económica y Fiscal excluir a los empleados de esa dependencia del plan de cesantías.  Lea la noticia aquí y aquí.

Tribunal deja sin efecto cesantía de bomberos

20 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

El Tribunal Superior de San Juan expidió un interdicto o injunction permanente a favor de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU), quienes habían recibido cartas de despido al amparo de la Ley 7.  El Nuevo Día reportó que el juez Carlos Dávila Vélez dejó sin efecto las cartas de cesantía porque éstas no cumplieron con el debido proceso de ley.

La sentencia del tribunal dictaminó que:

La petición del Sindicato de Bomberos Unidos cumple con los criterios del ’injunction’ permanente. La parte demandante prevaleció en los méritos con su planteamiento consistente en que se violó el debido proceso de ley de los trabajadores al no notificarse las certificaciones y la decisión final al sindicato.

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El artículo 37.04 de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) establece que las cesantías de empleados permanentes o de carrera se han de efectuar observando únicamente el criterio de antigüedad, de modo que los empleados de menor antigüedad sean cesanteados primero, y dispone el procedimiento a seguir para ejecutar los despidos.  La notificación de despido debe hacerse por escrito y entregada al empleado a la mano o por correo.  Ésta ha de apercibirlo de su derecho a impugnar el despido.  La agencia, además, está obligada a certificar la determinación de antigüedad a los empleados afectados y, de ellos tener representación sindical, al gremio que los representa.

El Tribunal halló que el Cuerpo de Bomberos no notificó al SBU las certificaciones de antigüedad de los miembros de la unidad apropiada y que la lista que se entregó al sindicato sobre los trabajadores que serían despedidos no indicaba la fecha de efectividad ni se le apercibía al gremio que los empleados afectados podían solicitar una revisión.

El liderato del SBU considera un triunfo la decisión del Tribunal.  Su Presidente, José Tirado, indicó:

Estamos de fiesta porque yo creo que es el primer caso que se ven (sic) en uno de los tribunales de Puerto Rico, y el juez emitió una orden dejando sin efecto las cesantías. Por tal motivo, creemos que Fortuño, en esta ocasión, tiene una oportunidad más para dejar sin efecto estas cesantías de estos compañeros que fueron cesanteados ilegalmente.

La celebración pudo ser prematura.  Según reportó El Nuevo Día en un segundo artículo publicado ayer, el Cuerpo de Bomberos ya reinició el proceso de cesantías en esa dependencia con el fin de cumplir con los requisitos en la Ley.

Queda por ver si los empleados afectados del Cuerpo de Bomberos o alguna otra agencia han de presentar un caso que impugne, en parte o en su totalidad, la constitucionalidad de la Ley 7.  En mi opinión, la suspensión unilateral de aumentos de salarios y beneficios acordados por convenio colectivo (Art. 38.02) no cumple con la garantía constitucional del debido proceso de ley porque el estatuto no provee a los empleados afectados la oportunidad de impugnar la suspensión vía vista administrativa. Ver Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 601 (1972) (estableciendo que el interés de una persona en un beneficio laboral es un interés propietario para efectos del debido proceso de ley si existen normas o acuerdos explícitos que sostengan el reclamo de tener un derecho al beneficio y éstos puedan ser invocados durante una vista.)

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El Pacto Social y la Reforma Laboral

18 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados

En un artículo publicado hoy en el Nuevo Día, José “Lole” Rodríguez Báez, Presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFL-CIO), y Benjamín Borges Hernández, Director Ejecutivo de Servidores Públicos Unidos (AFSCME), recalcaron la necesidad de un “pacto social” para sobrevenir la recesión económica que arropa al archipielago puertorriqueño:

Sin consenso entre trabajadores, empresarios y el gobierno no habrá progreso y no se sabrá hacia dónde queremos ir.

José Rodríguez Báez de la FT, Fernando Juarbe (UAW), y Roberto Pagán (SPT-SEIU 1996) expresan su oposición a la anunciada huelga de la FMPR, el 18 de enero.  (Foto cortesía de la Conferencia Sindical)

José Rodríguez Báez de la FT, Fernando Juarbe (UAW), y Roberto Pagán (SPT-SEIU 1996) expresan su oposición a la huelga de la FMPR (Foto cortesía de la Coordinadora Sindical)

La propuesta de un pacto social no es nueva.  La idea dio pie a la Primera Cumbre Social celebrada en el hotel Cerromar de Dorado del 2 al 3 de marzo del 2000.  En ella se reunió un sector importante del liderato sindical del país con representantes de la banca, de los patronos y del gobierno con el propósito de encontrar “intereses comunes” y “generar alternativas de mayor alcance.”

Desde entonces se han celebrado cuatro cumbres sociales.  Pero no todos en el movimiento sindical ven estos encuentros con buenos ojos.  En la publicación Entre la Huelga del Pueblo y la Cumbre Social: El movimiento obrero puertorriqueño en la encrucijada (PDF), los sindicatos afiliados a la ahora extinta Conferencia Sindical, arguyen que si bien es cierto que los sindicatos que participan en la Cumbre Social buscan avanzar propuestas favorables a los trabajadores (como la reducción de la jornada laboral y la creación de centros de cuidado diurno):

El problema está en formular estas ideas a la vez que se desmantelan las instancias de lucha del movimiento obrero, que se obstaculiza la movilización y que se combate toda posibilidad de un sindicalismo militante y participativo[.]

En la práctica, la busqueda de intereses comunes y de consenso por parte de los líderes que impulsan el pacto social — Rodríguez Báez y Federico Torres Montalvo de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, entre otros —  ha implicado la desmobilización de un sector significante del movimiento sindical y la claudicación de importantes intereses de la clase obrera.  No es casualidad que estos mismos líderes apoyaron la nefasta Ley 45 (PDF) y se opusieran al sindicalismo militante y participativo que generó la Huelga del Pueblo contra la privatización de la Telefónica y la reciente huelga de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

La fórmula del pacto social puede ser perjudicial para muchos puertorriqueños precisamente en un momento en que el gobierno ha tomado medidas drásticas en contra de millares de empleados públicos y el sector privado impulsa una reforma laboral (PDF) que busca eliminar o reducir beneficios como el bono de navidad, las licencias de enfermedad y vacaciones y la compensación por despidos.

En el artículo antes mencionado, el mismo Rodríguez Báez arremete contra la propuesta reforma laboral:

“Del 1995 al 1998 tuvimos una Reforma Laboral que eliminó beneficios a los empleados a tiempo parcial, los derechos a licencia de vacaciones, por enfermedad, y eso era para hacernos dizque más competitivos. Y mira dónde estamos hoy”, dijo Rodríguez Báez.

[…]

“Cuando se habla de Reforma Laboral lo que quieren es quitarles derechos adquiridos a los empleados para solucionar problemas que no crearon los empleados”, agregó el líder sindical.

Lo que Rodríguez Báez parece obviar es que la ideología de consenso multi-sectorial requiere el reconocer los intereses del sector privado y someterse a sus demandas.

Paro Nacional

18 de octubre de 2009 Los comentarios están cerrados
Manifestantes durante el Paro Nacional (foto cortesía de Alvin Couto)

Manifestantes durante el Paro Nacional del 15 de octubre (foto cortesía de Alvin Couto)

San Juan, Puerto Rico – El 15 de octubre de 2009, millares de trabajadores y estudiantes hicieron sentir su malestar ante el despido de 16,790 empleados públicos en Puerto Rico.  Los manifestantes marcharon desde la zona bancaria conocida como “la milla de oro” hasta Plaza Las Américas, el centro comercial más importante del país.  La manifestación forzó la clausura del centro comercial durante la  jornada de protestas.

El Paro Nacional — convocado conjuntamente por la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, la Coordinadora Sindical y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha — fue organizado para enviar un mensaje de repudio a la políticas neoliberales del gobierno y la Ley de Emergencia Fiscal impulsada por el Gobernador Luis Fortuño.

La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) busca subsanar un déficit estructural de $3,200 millones por medio de alzas contributivas y un corte de no menos de $2,000 millones en la nómina gubernamental.  Entre las medidas para reducir los costos de nómina figuran el despido de miles de empleados públicos, la congelación de sueldos y la suspensión de beneficios.

La Asociación de Económistas de Puerto Rico ha pedido que se detengan los despidos porque considera que “la política de despidos en masa es errónea” y sin fundamento.  Según estos expertos,

[L]a cesantía de cerca de 17,000 empleados públicos se traducirá en la pérdida de 17,800 empleos adicionales del sector privado, agravará la recesión, tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero y empeorará la desigualdad económica y social de los puertorriqueños.

A este cuadro se le une el hecho que miles de trabajadores públicos que no perdieron su empleo se verán desprovistos de aumentos de sueldo y bonos de navidad y verano, así como de beneficios previamente garantizados, por un periodo de hasta dos años.

La Ley 7, además, le permite al gobierno suspender convenios colectivos vigentes, reasignar o subcontratar tareas y redifinir los términos de antigüedad.

Así las cosas, no es difícil ver el por qué del malestar colectivo.

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