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Tribunal deja sin efecto cesantía de bomberos

20 de octubre de 2009

El Tribunal Superior de San Juan expidió un interdicto o injunction permanente a favor de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU), quienes habían recibido cartas de despido al amparo de la Ley 7.  El Nuevo Día reportó que el juez Carlos Dávila Vélez dejó sin efecto las cartas de cesantía porque éstas no cumplieron con el debido proceso de ley.

La sentencia del tribunal dictaminó que:

La petición del Sindicato de Bomberos Unidos cumple con los criterios del ’injunction’ permanente. La parte demandante prevaleció en los méritos con su planteamiento consistente en que se violó el debido proceso de ley de los trabajadores al no notificarse las certificaciones y la decisión final al sindicato.

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El artículo 37.04 de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) establece que las cesantías de empleados permanentes o de carrera se han de efectuar observando únicamente el criterio de antigüedad, de modo que los empleados de menor antigüedad sean cesanteados primero, y dispone el procedimiento a seguir para ejecutar los despidos.  La notificación de despido debe hacerse por escrito y entregada al empleado a la mano o por correo.  Ésta ha de apercibirlo de su derecho a impugnar el despido.  La agencia, además, está obligada a certificar la determinación de antigüedad a los empleados afectados y, de ellos tener representación sindical, al gremio que los representa.

El Tribunal halló que el Cuerpo de Bomberos no notificó al SBU las certificaciones de antigüedad de los miembros de la unidad apropiada y que la lista que se entregó al sindicato sobre los trabajadores que serían despedidos no indicaba la fecha de efectividad ni se le apercibía al gremio que los empleados afectados podían solicitar una revisión.

El liderato del SBU considera un triunfo la decisión del Tribunal.  Su Presidente, José Tirado, indicó:

Estamos de fiesta porque yo creo que es el primer caso que se ven (sic) en uno de los tribunales de Puerto Rico, y el juez emitió una orden dejando sin efecto las cesantías. Por tal motivo, creemos que Fortuño, en esta ocasión, tiene una oportunidad más para dejar sin efecto estas cesantías de estos compañeros que fueron cesanteados ilegalmente.

La celebración pudo ser prematura.  Según reportó El Nuevo Día en un segundo artículo publicado ayer, el Cuerpo de Bomberos ya reinició el proceso de cesantías en esa dependencia con el fin de cumplir con los requisitos en la Ley.

Queda por ver si los empleados afectados del Cuerpo de Bomberos o alguna otra agencia han de presentar un caso que impugne, en parte o en su totalidad, la constitucionalidad de la Ley 7.  En mi opinión, la suspensión unilateral de aumentos de salarios y beneficios acordados por convenio colectivo (Art. 38.02) no cumple con la garantía constitucional del debido proceso de ley porque el estatuto no provee a los empleados afectados la oportunidad de impugnar la suspensión vía vista administrativa. Ver Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 601 (1972) (estableciendo que el interés de una persona en un beneficio laboral es un interés propietario para efectos del debido proceso de ley si existen normas o acuerdos explícitos que sostengan el reclamo de tener un derecho al beneficio y éstos puedan ser invocados durante una vista.)

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