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Paro Nacional

18 de octubre de 2009
Manifestantes durante el Paro Nacional (foto cortesía de Alvin Couto)

Manifestantes durante el Paro Nacional del 15 de octubre (foto cortesía de Alvin Couto)

San Juan, Puerto Rico – El 15 de octubre de 2009, millares de trabajadores y estudiantes hicieron sentir su malestar ante el despido de 16,790 empleados públicos en Puerto Rico.  Los manifestantes marcharon desde la zona bancaria conocida como “la milla de oro” hasta Plaza Las Américas, el centro comercial más importante del país.  La manifestación forzó la clausura del centro comercial durante la  jornada de protestas.

El Paro Nacional — convocado conjuntamente por la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, la Coordinadora Sindical y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha — fue organizado para enviar un mensaje de repudio a la políticas neoliberales del gobierno y la Ley de Emergencia Fiscal impulsada por el Gobernador Luis Fortuño.

La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (PDF) busca subsanar un déficit estructural de $3,200 millones por medio de alzas contributivas y un corte de no menos de $2,000 millones en la nómina gubernamental.  Entre las medidas para reducir los costos de nómina figuran el despido de miles de empleados públicos, la congelación de sueldos y la suspensión de beneficios.

La Asociación de Económistas de Puerto Rico ha pedido que se detengan los despidos porque considera que “la política de despidos en masa es errónea” y sin fundamento.  Según estos expertos,

[L]a cesantía de cerca de 17,000 empleados públicos se traducirá en la pérdida de 17,800 empleos adicionales del sector privado, agravará la recesión, tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero y empeorará la desigualdad económica y social de los puertorriqueños.

A este cuadro se le une el hecho que miles de trabajadores públicos que no perdieron su empleo se verán desprovistos de aumentos de sueldo y bonos de navidad y verano, así como de beneficios previamente garantizados, por un periodo de hasta dos años.

La Ley 7, además, le permite al gobierno suspender convenios colectivos vigentes, reasignar o subcontratar tareas y redifinir los términos de antigüedad.

Así las cosas, no es difícil ver el por qué del malestar colectivo.

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